La Nación plantea la reparación a los muertos colaterales (El Consultor Web)

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, elaboró un severo informe sobre la inundación del río Salado en Santa Fe. El documento, al que accedió la revista Entre Líneas, surge a raíz de una petición de justicia elevada por un grupo de afectados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Funcionarios nacionales reconocen la viabilidad del reclamo ante la OEA y aseveran que la reparación económica, otorgada por la provincia tan sólo para los damnificados directos, no es compatible con los “parámetros internacionales” a los que adhiere la Argentina. El país podría verse implicado en un litigio internacional. Por Juan Manuel Berlanga para ECW.

“Queda claro del análisis de las presentes actuaciones que los reclamos aquí impetrados se basan en dos pilares fundamentales: justicia material y reparación pecuniaria integral”, reza el dictamen elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación rotulado bajo el número de expediente 91900-04-1-4.
El informe, al que tuvo acceso la revista Entre Líneas, surge como consecuencia de un escrito presentado por un grupo de damnificados por la inundación del río Salado en abril de 2003. Este conjunto de santafesinos elevó un pedido de justicia el 29 de noviembre del año pasado ante la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comandada por el doctor Eduardo Luis Duhalde. A los pocos días, el reclamo llegó hasta los despachos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Argentina es país miembro de la ONU y de la OEA y, por lo tanto, debe asumir las obligaciones que emanen de estas organizaciones, someterse a los controles de los organismos internacionales y acatar sus decisiones. Apadrinados por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los afectados lograron reclamar justicia fuera de las fronteras del país. La Nación entiende que este reclamo es viable y que, en consecuencia, podría tener que defenderse ante un juicio internacional.
Dos son las conclusiones contundentes que se dejan expresadas en el documento confeccionado por funcionarios nacionales, al que tuvo acceso en forma exclusiva la revista Entre Líneas: consideran que el reclamo ante el organismo mundial es viable y manifiestan que la reparación económica a los inundados no se adecua a los parámetros internacionales a los cuales nuestro país adhiere.
Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos aseguraron que este informe ya se encuentra en manos del gobernador Jorge Obeid, quien habría ordenado a sus funcionarios ensayar una respuesta al mismo.
Si bien la resolución de justicia debe darse en el ámbito provincial -lo cual excluiría la participación del Gobierno Nacional-, el hecho de que los peticionantes hayan elevado su protesta ante un organismo internacional obliga al engranaje kirchnerista a tomar cartas en el asunto. De existir el litigio, el demandado sería la Nación y no Santa Fe. Esto es debido a que las provincias argentinas no se encuentran legitimadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en forma independiente y, por lo tanto, es el país el que debe responder ante juicios de esta envergadura.
El informe elaborado por el equipo que lidera Eduardo Luis Duhalde consigna que, en cuanto al accionar de la justicia provincial, “no existen constancias en el expediente en estudio acerca de las medidas adoptadas, ni de su estado actual”.
Párrafos más adelante aconseja que “debería girarse una nueva comunicación a las autoridades provinciales para que informen el estado actual de los procesos iniciados para el esclarecimiento de los hechos y la delimitación de las responsabilidades”.
Los damnificados por la inundación detallaron puntualmente hechos que, consideran, no fueron abordados por la Justicia provincial. La falta de planes de contingencia, la previsibilidad del fenómeno hídrico, la responsabilidad de los funcionarios públicos, son algunos de los puntos sobre los que se reclama un efectivo tratamiento por parte de la Justicia. Así, entienden que se violaron derechos fundamentales.
La documental presentada por el grupo de inundados advirtió a los funcionarios del gobierno nacional sobre la factibilidad del reclamo y la hipótesis de que el país podría verse implicado en un litigio internacional. Ante la contundencia de la petición, la administración central consideró viable el camino de la justicia ante la OEA.
En consecuencia, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Santa Fe información sobre el “estado actual de los procesos iniciados” en la justicia provincial.
El gobierno nacional pretende munirse de elementos para ejercer la defensa legal ante la Corte Internacional y, a su vez, evaluar lo actuado por la justicia santafesina a la hora de “esclarecer los hechos y delimitar las responsabilidades”.