La Constitución es valorada, pero se la conoce y respeta muy poco (El Litoral)

El 77 % de los argentinos asegura saber "poco o nada" de los contenidos de la Carta Magna. Se culpa a los políticos por no respetarla, pero muy pocos saben cuándo se dictó y cuándo se reformó por última vez. La mayoría descree del Congreso y apoya el gobierno por decreto.

El 72 % de los argentinos tiene convicciones democráticas, el 85 % reconoce la importancia de la Constitución Nacional y el 83 % se pronuncia por la necesidad de inculcar a los hijos la idea del respeto a la ley. Sin embargo, un 77 % admite conocer muy poco de la Carta Magna, sólo el 21 % se opone a que el presidente de la Nación exceda sus facultades constitucionales al emitir decretos de necesidad y urgencia y un 43 % considera que, en determinados casos, "es necesario" violar la ley.

La dicotomía entre las convicciones proclamadas y el ejercicio práctico de las mismas que parece campear en la sociedad argentina, surge de un sondeo realizado a nivel nacional por el sociólogo Manuel Mora y Araujo, para la Asociación Argentina de Derecho Constitucional -que preside el jurista Antonio Hernández- y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, organización intergubernamental con sede en Estocolmo (Suecia), cuyo director para América Latina es el politicólogo Daniel Zovatto.

La muestra, cuyos resultados fueron dados a conocer hoy por el diario La Nación , abarcó 1.000 casos de personas mayores de 18 años, en las principales ciudades del país. Y, según Zovatto, sus principales conclusiones son "la debilidad del compromiso de la sociedad argentina con la ley y su Constitución, unido a un grave déficit de legitimidad institucional".

El 85% de los consultados consideró que el país vive al margen de la ley -parafraseando la famosa obra de Carlos Nino-, ya que los argentinos son desobedientes y transgresores de la normativa. Los guarismos son también contundentes a la hora de buscar responsables: el 74 % se lo atribuye a "los políticos" y, en algo menor medida, a "los policías" (56 %), "funcionarios públicos" (49 %) y jueces (41 %). Por efecto de este ranking de infractores a la ley, el 90 % de los consultados se siente "insuficientemente protegido" frente a los abusos de autoridad del Estado.
Sin embargo, solamente un 21 % se pronunció en contra de que el presidente de la Nación dicte decretos de necesidad y urgencia por encima de sus facultades constitucionales. Y mientras el 93 % considera que el Congreso "no piensa en la gente" cuando toma decisiones, el 63 % asume no tener ningún interés en lo que allí se discute.

El no, yo tampoco
En tanto, la disposición a "vivir al margen de la ley" también es reconocida por muchos de los consultados. El 38 % se manifiesta a favor de hacerlo "cuando tiene razón" y el 14 %, "depende". En tanto, el 43 % considera que "hay momentos en que es necesario" violar la ley.
"Estos datos ponen de relieve la gran paradoja que caracteriza a la sociedad argentina: por un lado, una gran demanda de legalidad y de líderes que muestren apego a las leyes. Por el otro, somos una sociedad que respeta muy poco la Constitución, que se autodefine mayoritariamente como transgresora y que, en lugar de asumir como propia la responsabilidad de este incumplimiento, prefiere transferirla a los políticos y otras personas", analizó Antonio Hernández.

La falta de conocimiento, admitida por el 77 % de los consultados, llega al punto de producir respuestas erróneas sobre el año en que fue dictada la Constitución (71 %) y de no saber que en 1994 se hizo la última reforma (69 %). A la vez, el 69 % escuchó mencionar más veces la Constitución en los medios de comunicación que en la escuela, donde sólo lo recuerda un 20 %.
Zovatto considera que la solución al problema cuantificado con esta muestra requiere "una estrategia integral, continua y de largo aliento, dirigida a desarrollar y arraigar en nuestra sociedad una `cultura de la legalidad' ", responsabilidad que compromete a la dirigencia, pero también a la ciudadanía.

Alfabetización legal
El decano de la facultad de Derecho y vicerrector de la Universidad Nacional del Litoral, Mariano Candioti, consignó que el permanente sostenimiento del sistema democrático y constitucional está incorporado al discurso institucional académico, y que se apunta a trasladar como parte integrada al conocimiento científico.

"Recuerdo cuando en etapas no democráticas se discutía en las aulas cuál era el sentido de estudiar Derecho Constitucional y el esfuerzo de nuestros profesores, si éste no tenía aplicación. Y una de las posturas que sosteníamos era que la transitoriedad de facto nos obligaba a estudiar mucho más las instituciones democráticas, para encarar la siguiente etapa. Hoy esto está afortunadamente superado y tenemos un estudio mucho más en profundidad del Derecho Constitucional, desdoblado por ejemplo en ramas como los Derechos Humanos y el Derecho Municipal", consignó.

Candioti expuso como una de las preocupaciones fundamentales la de conectar la teoría con la práctica, cosa que se lleva a cabo acompañando a los estudiantes a asistir al funcionamiento de las instituciones, como el Concejo Municipal, la Legislatura, el Congreso.

Más allá de eso, el jurista -elegido para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación- reconoció que, en buena medida, el desánimo social se basa en la existencia de "representantes de los poderes que no dan el nivel adecuado al respeto de la letra y el espíritu de la Constitución y hacen que se tomen muy laxamente cuestiones carísimas del Derecho".

En tal sentido, recordó que la Constitución es la "carta de moderación" de una sociedad, aquélla de la cual surge el respeto por los diferentes, por los derechos del otro. Y que ello se cumple en nuestra Carta Magna por su fuerte carga de constitucionalismo social, aún cuando su base es liberal.

También mencionó al respecto los avances logrados en orden al perfeccionamiento democrático y la participación social con la reforma de 1994, aunque la falta de reglamentación de algunas instituciones los ha dejado por el camino.

"La sociedad debe reflexionar, recuperar la importancia que tiene la alfabetización legal, el análisis de la vida propia en la Constitución Nacional. Cuando los inmigrantes llegaban a nuestro país, pedían la Constitución para ver cuáles eran sus derechos y obligaciones. Creo que una responsabilidad de todos los operadores de la educación y el mundo jurídico es hacer que se recobre esa noción", completó.

De la redacción de El Litoral.