El pueblo empieza a saber.(TMO)

Pablo Benito - Los vecinos de la Asamblea de Guadalupe junto al diputado provincial, Raúl Lamberto y los periodistas de este medio, realizamos el viernes último, una edificante charla cuya modalidad permitió que desde distintos roles sociales se aporte a un tema cuyo abordaje requiere de la participación ciudadana y de la responsabilidad dirigencial. Hablamos del derecho al agua y la soberanía jurídica. Dos principios fundamentales jaqueados por las reiteradas violaciones del orden constitucional protagonizadas por representantes del Estado santafesino. Fragmento de las opiniones vertidas por el diputado.



“La situación práctica y jurídica que atraviesa la prestación del servicio de aguas y cloacas en la provincia de Santa Fe, en especial en los 15 distritos concesionados a la empresa Aguas Provinciales, es sumamente preocupante. Esta situación ha sido generada por la responsabilidad de funcionarios de gobierno que, en los 10 años que lleva la concesión, han representado, sistemáticamente, a los intereses del privado.
El incumplimiento contractual de la empresa, lejos está de ser un verdadero escándalo para el gobierno. Aguas Provinciales no ha cumplido su plan de obra siquiera en su primer año – plan de obras que dio fundamento a que la concesionaria no pague un solo centavo de canon- le ha sacado a los santafesinos, por obra y gracia de la generosidad del primer gobierno de Obeid, un 13,85 % de aumento de tarifas para realizar obras que debía hacer con recursos propios y encima hoy nos quieren hacer creer que es el Estado santafesino quien debe cuidarse de no ser demandada por Suez. Y esto se da porque durante una década la filosofía del gobierno fue “hay que salvar la concesión”. Había que salvar a la niña mimada del gobierno de Reutemann que era la concesión de Aguas Provinciales, entonces, cuando la empresa reclamaba, no había que apretarlos ni hacerle gesto alguna de desaprobación. Se llegó a tal extremo que, en el año 2001, el ENRESS no sólo le perdona a la empresa las multas sino que el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Reutemann (no tan paradójicamente hoy en el ENRESS) le suspendió al Ente Regulador la capacidad sancionatoria. Con lo cual el ente dejo de ser regulador para pasar a ser “consultivo”, que para lo último que sirve es para dar “consejos”.
Entonces, la sanción, que es lo que caracteriza a un organismo que debe cuidar el cumplimiento del contrato entre concedente (Estado) y concesionario (Privado), es algo que no está dentro de las facultades del ENRESS, con lo cuál es el mismo Estado provincial, a través de su Ministro de área, quien le da a la empresa la estructura jurídica no sólo para defenderse por sus millonarios incumplimientos en perjuicio de los ciudadanos, sino que además le arma, virtualmente, la estrategia jurídica para realizarle reclamos económicos al Estado, basándose en que es el mismo Estado el que hizo caer los efectos del contrato en las interminables negociaciones”